¿Cómo fortalecer la institucionalidad en el sector energético?

En Hora20 un gran especial de la serie de tres programas en los que se hablará del sector energético del país. Se analizará el panorama institucional, lo que viene en términos de confiabilidad y nuevas fuentes de generación, así como el análisis para ver cómo se atiende el grave panorama en la costa caribe.

El primer turno es para la institucionalidad en el sector energético, el rol de la CREG, el fortalecimiento y retos que enfrenta a futuro, las lecciones que deja este fenómeno de El Niño y la seguridad jurídica que se debe ofrecer desde la institucionalidad.

Fortalecer toda la cadena de generación, transmisión, comercialización de energía, expedir regulaciones, generar condiciones para garantizar la disponibilidad de oferta en energía son algunas de las funciones que tiene toda la estructura institucional en el sector energético. A partir de 1994 con la creación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) el país ha logrado una institucionalidad sólida en materia energética que logre generar una hoja de ruta para garantizar el acceso al servicio.

Esta institucionalidad creada para planificar, regular y asesorar toma decisiones como el cálculo de las tarifas, pero también se encarga de responder con medidas en momentos de estrechez en el sistema como lo que ha pasado en los últimos meses con el fenómeno de El Niño. Este cambio institucional generó que el país se alejara de lo que ocurrió en la década de los 90 cuando se generó un monopolio estatal que se autodirigía, autosupervisaba y autofijaba las tarifas, como lo apuntaba hace un par de años el exministro Amylkar Acosta.

Esta institucionalidad ha sido centro de discusiones durante el actual gobierno. El intento de intervención del Presidente a la CREG para tomar decisiones en materia de tarifas y la posterior decisión del Consejo de Estado que revirtió lo impulsado por el Ejecutivo desató tensiones sobre la fortaleza institucional y la importancia de estos mecanismos para garantizar seguridad jurídica y confianza a los inversionistas. Durante este gobierno también se ha generado dificultades por cuenta de la falta de cuórum en la CREG para tomar decisiones de cara a El Niño, pues de los seis puestos de expertos, por ahora solo son tres los comisionados nombrados como encargados, lo cual permitía completar el cuórum, pero por ahora no hay comisionados en propiedad, lo cual volverá a poner a la CREG aprietos.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Manrique, socia de PPU experta en Derecho Minero, Energía y Recursos Naturales, contó que la decisión de la CREG de tumbar la resolución que expidió hace solo una semana es apresurada y falta de planeación, “hay falta cogerencia entre lo que el gobierno establece y lo que se anuncia”. También dijo que así como se han sacado normas para intervenir el mercado directamente, se desmonta otras medidas que vienen acompañadas de la reanudación de las exportaciones a Ecuador. Por último, dijo que sería importante que el marco institucional que tenemos y que nos ha traído hasta acá sin un racionamiento se respete, “pero que sobre todo no se satanicen las tecnologías en beneficio de una transición energética”.

Germán Castro, exdirector CREG y contralor delegado de Minas y Energía, planteó que el cargo por confiabilidad tiene precio de escasez y energía firme, “entonces cuando se hace la referencia al tema, hay que tener en cuenta ambos puntos respaldados por el cargo”. De otro lado, dijo que una el tema energético es integral, “la preocupación es de fondo cuando en tres años necesitamos 60 gigavatios hora nuevos día. Hay 1.000 megavatios solares a punto de entrar, pero no son una solución todavía y no lo son la subasta del 15 de febrero”. Sobre el tema de gas, dijo que tenemos limitación de gas natural para los 11 millones de usuarios, “una CREG funcionando de acuerdo con la ley es soporte de certidumbre para inversionistas y es posible garantía de que haya desarrollo energético que necesitamos”.

Carmenza Chahín, excomisionada de la Creg y consultora, dijo no estar de acuerdo con el programa de ahorro de la CREG, “se ha pagado $21 billones de pesos a los generadores en el cargo por confiabilidad, que garantiza que, en condiciones de clima extrema contamos con seguridad del suministro”, en ese sentido, dijo que cuando se paga billones para no tener dificultades, después está mal que entren a castigar por el consumo.

Sobre los temas de transición, dijo que el país adquirió compromisos en términos de transición energética que nos llevan al decrecimiento, “estamos jugándonos la expansión del parque de generación con energía solar y eólica; no tiene sentido que en contexto de cambio climático nos la juguemos con dos fuentes intermitentes”. De hecho, recordó que algunos llaman esto como la “soga verde”, pues sería condenar al país a desarrollo económico mediocre por la dependencia de unas fuentes que no pueden ser el núcleo de expansión de generación del país.

Para José Plata, socio de Serrano Martínez CMA y exsuperintendente de Energía y Gas, el desmonte del programa de ahorro genera contradicciones, “se necesita que el precio baje y el consumidor pague un menor valor, pero hoy desmontan la alternativa de reducir demanda y hasta mayo postergan medida de mantener despacho de generación térmica”.

Aseguró que la institucionalidad es resultado de un ejercicio de muchos años de reflexión estructural y que en esa medida la CREG ha jugado un papel independiente frente a todos los actores, “es una estructura que pensaba en una comisión que tuviera expertos nombrados por periodos fijo”.

Por último, dijo que si durante 30 años ha existido CREG y los perfiles que cumplen, “¿por qué hoy no? La clave es independencia, pero eso se logra cuando se nombran comisionados por término fijo”.